El Ministerio de Economía declaró el estado de emergencia agropecuaria en la provincia de Córdoba, a raíz de la sequía.

La medida alcanza a las explotaciones agrícolas, forestales y frutihortícolas de ese distrito y se extiende desde el 1° de enero y hasta el 30 de junio de este año, según la Resolución 290/2023, publicada este viernes en el Boletín Oficial. También fueron incluidas en la declaración las explotaciones ganaderas, tamberas y apícolas, pero en este caso la decisión se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2023.

La resolución amplía los beneficios que otorga la declaración de emergencia que dictó la provincia que incluye prórrogas o exenciones impositivas y acceso a distintas herramientas crediticias para el sector afectado por la sequía. “Los productores y las productoras afectados/as deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en dicho artículo”, señaló el Ministerio de Economía.

De esta manera, el Ministerio de Economía homologó un decreto provincial de emergencia y desastre agropecuario para los productores afectados por la sequía.

El Ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, destacó la resolución ejecutada por el Gobierno Nacional pero consideró que es insuficiente y que “es relativo su grado de cobertura que puedan ayudar a los productores afectados”. “En muchos casos, los beneficios de la ley de emergencia están vinculados a los dueños de la tierra, pero el 60% o 70% de los que producen alquilan la tierra, por lo que no se resuelven las necesidades del productor”, cuestionó.

El Gobierno de Córdoba decretó el estado de emergencia y/o desastre agropecuario a un área de más de 800.000 hectáreas, que comprende el sur del departamento San Justo, norte de Marcos Juárez y Unión y noroeste de General San Martín.

La emergencia agropecuaria comprende la afectación del 50% al 80% en la producción de un establecimiento agropecuario, mientras que el desastre agropecuario es para aquellas explotaciones donde el área perjudicada supera el 80%.

En el caso de emergencia agropecuaria, los beneficios para los productores contemplan el diferimiento de los impuestos y provinciales y nacionales, al tiempo que el desastre prevé la eximición del los tributos.